A raíz de la orden de la Procuraduría General de la Nación de suspender el proceso de selección de un operador para el Hospital Universitario CARI ESE,  el Comité Intergremial del Atlántico plantea las siguientes consideraciones para contribuir a la adopción de medidas que salvaguarden la entidad y garanticen la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento.

Señalaron que la crisis del CARI es resultado de un proceso de deterioro de cuatro años, atribuible a las últimas dos gerencias y a la inacción de las autoridades nacionales para resolverla, pese a las solicitudes de las fuerzas vivas del Atlántico y la Junta Directiva del Hospital.

Agregan esta crisis tiene origen en el incumplimiento de los Agentes Responsables del Pago (EPS) de cancelar los servicios prestados por el hospital en especial en los años 2014 y 2015, y en el hecho de que una vez liquidadas o intervenidas esas entidades el Estado no garantizó el flujo de recursos para cubrir dichas deudas, como era su obligación.

Por consiguiente, expresaron que la Junta Directiva del Hospital Universitario CARI ESE y los estamentos en ella representados solicitaron en 2017 el apoyo a las autoridades nacionales, pidiendo su ingreso al proceso de restructuración de pasivos, lo cual fue rechazado por la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, del Ministerio de Hacienda, o la intervención de la institución en 2018.

Frente a la orden de la Procuraduría General de la Nación de suspender el proceso de la contratación de un operador para el CARI ESE, indicaron que es urgente encontrar otro mecanismo para enfrentar la crisis dado que la entidad consume recursos administrativos y financieros que no son compensados con el pago por la prestación de servicios a la comunidad, y sufre embargos y falta de liquidez que le impiden cumplir su función esencial.

"La vinculación del operador había sido aprobada y ratificada por la Junta Directiva, como última opción administrativa, y considerada viable por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la DAF y la Gobernación del Atlántico a mediados de 2018", agregó Intergremial.

"Es obligación de la Superintendencia Nacional de Salud intervenir de manera inmediata el Hospital Universitario CARI, con fines de administración, no de liquidación, para que, haciendo uso de las herramientas jurídicas que permite esta figura, tome en el corto o mediano plazo las decisiones necesarias que garanticen su sobrevivencia como una entidad independiente y cabeza de la red departamental, bajo la premisa de que la salud es un servicio público esencial para la comunidad", consideró Intergremial.

*Con información de Intergremial Atlántico.